La complejidad del texto del Convenio sobre Cibercriminalidad provocó que los legisladores tuvieran que pactar varias audiencias entre ellos y algunos miembros del Poder Judicial, que han señalado la importancia para el país de la aprobación de este convenio y su inclusión en la legislación nacional.

“La tecnología ahora abarca muchas acciones delictivas, en la sección no solo vemos delitos informáticos sino vemos cualquier delito donde algún medio tecnológico está de por medio, la gama ha aumentado, por ejemplo la aprobación de la reciente Ley sobre Delitos Informáticos nos ha afectado mucho en lo que respecta a la suplantación de identidad”, explicó el jefe de la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Erick Lewis.

Por otro lado, el magistrado de la Sala Tercera (de lo Penal), Carlos Chinchilla, indicó que este instrumento (el Convenio de Budapest) no es un convenio impositivo sino mas bien un instrumento que pretende dar sugerencias para tener un marco mínimo de regulación y que a la vez compromete al país a modernizar la legislación nacional.

“Nuestro país es el que más ha avanzado en los últimos dos años en regulación de delitos informáticos en toda América Latina. El dictamen fue positivo y en lo personal estoy de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ya que este informe presenta una gran relevancia e importancia para lo que es el anclaje de nuestra vinculación con el marco general de la lucha contra el cibercrimen”, argumentó el magistrado Chinchilla.

Asimismo, la legisladora Jeannette Ruiz afirmó que existen algunos sectores que mantienen algún temor con el Convenio básicamente por el desfase de tiempo que podría tener el proyecto desde el momento que se negoció y se aprobó a nivel europeo versus el momento en que se implemente y se incluya en la legislación costarricense.

“Los sectores de la tecnología han mostrado preocupación de que algunos de los compromisos que se están adquiriendo a nivel internacional podría ser que el país todavía no esté en la capacidad de ponerlos a funcionar al 100%, sin embargo, lo que nos comunica el magistrado Chinchilla y representantes del Poder Judicial, es que ellos sí tienen la capacidad de poder implementarlo y que ellos necesitan que el Convenio avance”, mencionó la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC).

La legisladora Ruiz comentó que quedan pendientes cuatro audiencias más antes de darle su dictamen en la Comisión y con ello esperan tener un mejor criterio a la hora de enviarlo al Plenario Legislativo en donde deberán los diputados darle el trámite correspondiente para aprobar o improbar dicho instrumento.

El pasado miércoles 10 de abril se llevo a cabo lla décimo tercera reunión del Grupo de Trabajo Latinoamericano sobre Delitos Tecnológicos de Interpol (GTLDTI), este año con sede en Costa Rica. La actividad fue coordinada en esta ocasión por la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Oficina de Interpol-Costa Rica.

En dicha actividad, que finalizó el día viernes 12 de abril, se trataron temas de suma importancia para Latinoamérica, tales como las nuevas amenazas, tendencias y casos de ciberdelincuencia, pornografía infantil, anónimos y “jactivismo”, alianzas con Universidades de la Región, y estrategias para el combate de la ciberdelincuencia y otros.

A la reunión asistieron Jefes y representantes de las policías de Argentina, Colombia, Chile España, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Costa Rica. Todos ellos con especialización de delitos cibernéticos.

Para el Lic. Francisco Segura , Director General del OIJ este tipo de reuniones son de suma importancia, ya que el crimen cibernético se ha modernizado al punto de que “… ha rebasado toda frontera y toda distancia… la distancia territorial perdió todo tipo de importancia para los delincuentes…”. Es por eso que se hace necesario determinar quiénes son las personas que están delinquiendo detrás de una computadora. El Director señaló que los delitos como pornografía infantil y operaciones clandestinas son habituales a través de Internet y redes sociales, no sólo con el uso de una computadora, sino actualmente con el uso de los teléfonos inteligentes.

Por su parte, el Principal Miguel Angel Justo, Presidente del GTLDTI y Policía Federal de Argentina, acotó que el Grupo ha logrado acciones operativas en conjunto, lo cual es de suma importancia para la región. “… Costa Rica siempre ha estado al pie del cañón y hemos conseguido su ayuda cuando lo hemos requerido. Es por eso que los hemos usado como plataforma de despegue en Centroamérica…”.

Adicionalmente, para el señor Adrián Eduardo Acosta, Oficial Regional Especializado de Interpol, las capacitaciones en temas como los anónimos y la pornografía infantil han sido muy importantes en el combate de la ciberdelincuencia. El Oficial recalcó el esfuerzo que han hecho los países del área para lograr sus propios métodos de trabajo, aptos para la problemática latinoamericana.

Fuente: Prensa del Poder Judicial

Con el apoyo de 43 diputados y dos en contra, anoche, fue aprobada en primer debate la reforma a la Ley de Delitos Informáticos, conocida como “ley mordaza”.

El plan detalla que no constituye delito la publicación, difusión o transmisión de información de interés público, documentos públicos, datos contenidos en registros públicos y bases de datos públicos.

Tampoco es delito la recopilación, copia y uso por parte de las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

En La Gaceta N° 43 se publicó el decreto ejecutivo N° 37549-JP del 26 de noviembre del 2012, "Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central".

El Ministerio de Justicia y Paz por medio del decreto ejecutivo 37554-JP emitió el Reglamento a la Ley de Protección de Datos Personales en Costa Rica.

Dentro de los puntos importantes que se incluyen dentro del Reglamento se puede observar como se definen conceptos necesarios en el tema como el derecho al olvido (artículo 11), la autodeterminación informativa (artículo 12), y el derecho de rectificación (artículo 23) entre otros, así como regula las bases de datos.

Quizás el concepto mas debatido que se incluye en este reglamento es el del "Superusuario" que se señala en el artículo 45 y el cual pretende ser un tema de discusión fuerte en los próximos meses. Dicho artículo reza:

"El responsable deberá proporcionar a la Agencia un superusuario con perfil de consulta, aún cuando los datos estén siendo tratados por un encargado. La creación y puesta en funcionamiento de este superusuario debe ser diseñada y financiada por el responsable de la base de datos personales y debe operar a partir de la inscripción del registro de la base de datos ante la Agencia.

La Agencia podrá en cualquier momento y de oficio consultar dicha base de datos sin restricción alguna, cuando exista denuncia presentada ante la Agencia o se tenga evidencia de un mal manejo de la base de datos o sistema de información. Para tales efectos, la Agencia deberá establecer lineamientos que garanticen el debido cumplimiento del secreto profesional o funcional, y para todos los casos llevar una bitácora en donde al menos se consignen el motivo, los accesos y consultas realizadas, así como el funcionario asignado que los realice. "

La creación de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes el año pasado en conjunto con la publicación de este reglamento , servirán para que se logre una completa implementación de la ley aprobada en el 2011.