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ENISA publica un informe sobre el riesgo de bullying y acoso sexual en Internet
Entre las recomendaciones, destaca la necesidad de que los Estados miembros de la Unión Europa desarrollen y amplíen el marco legal adecuado para atajar esta problemática. Por otro lado, los padres y el entorno educativo de los niños y adolescentes deberían ampliar sus conocimientos y capacidades asociados al uso de las nuevas tecnologías de la información, para poder así tener mayor conocimiento y control sobre el entorno digital en el que viven los jóvenes actualmente. Actualizado (Miércoles, 09 de Noviembre de 2011 12:38) |
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La Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información (ENISA) ha publicado un informe sobre el acoso escolar (bullying) y el acoso sexual en Internet, en el que se incluyen 18 recomendaciones para que los usuarios más jóvenes conozcan y puedan evitar los riesgos más comunes que suelen derivar en casos reales de ese tipo de hostigamientos.
El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI, ONTSI, ha hecho público un "Dossier de Indicadores relacionados con la Administración Electrónica, penetración y uso de las TIC en Sanidad, Justicia y Educación en España”". El documento recopila los principales indicadores de la administración electrónica, así como aquellos relacionados con la penetración y uso de las TIC en sanidad, justicia y educación, con datos de las fuentes oficiales más relevantes. Ofrece los valores más actuales tanto a nivel nacional como autonómico. Además del último dato existente, también se muestra la evolución histórica de estos indicadores, permitiendo conocer así su situación actual y su evolución en los últimos años.
Dentro de la misión de difusión de la labor que se realiza en el sector de seguridad TIC, INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) ha publicado el documento "Quién es quién en el sector de seguridad TIC en España".
El límite mínimo en razón de la cuantía para poder acudir en casación ante el Tribunal Supremo en la jurisdicción contencioso-administrativa se ha elevado hasta más de 600.000 euros, lo que en la práctica supone dejar fuera de este recurso cualquier sanción en materia de protección de datos de carácter personal.





